El cáncer se ha convertido en una de las mayores amenazas de salud pública en Ecuador. Cada año, miles de familias enfrentan diagnósticos tardíos, largas listas de espera y altos costos que dificultan el acceso a tratamientos oportunos. Detrás de cada estadística hay un nombre, una historia y un futuro que pende de un hilo.

Hoy, las desigualdades estructurales del sistema sanitario exponen una realidad dolorosa: no todos los pacientes tienen las mismas posibilidades de atenderse a tiempo. Para muchos ecuatorianos, la enfermedad llega acompañada de abandono, incertidumbre y barreras económicas imposibles de enfrentar sin apoyo.

Frente a este panorama, la propuesta de Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer surge como una oportunidad histórica para transformar el modelo de respuesta del país. La norma busca garantizar un sistema articulado que abarque prevención, diagnóstico temprano, tratamiento, investigación, rehabilitación y acompañamiento emocional, sin distinciones de origen, edad o condición socioeconómica.

Prevención y acompañamiento: pilares para salvar vidas

La prevención debe ser la primera línea de defensa. Esto implica campañas constantes de información y educación sobre hábitos saludables, factores de riesgo, vacunación y chequeos periódicos que permitan detectar la enfermedad a tiempo, especialmente en zonas rurales y sectores con menos acceso a servicios médicos.

Asimismo, es fundamental reconocer el papel de las familias y redes comunitarias, que sostienen emocionalmente y cuidan a los pacientes durante su tratamiento. La atención integral debe pensar también en quienes acompañan esta lucha diariamente.

El llamado al financiamiento sostenible

Sin un presupuesto definido y protegido, la ley no podrá cumplir su propósito. Se requiere un mecanismo de financiamiento estable que asegure continuidad en los servicios, acceso a terapias avanzadas y contratación de personal especializado.

Invertir en cáncer es invertir en la vida. La sostenibilidad económica es condición indispensable para garantizar que esta política pública trascienda gobiernos y períodos legislativos.

Continuidad con lo ya ganado

En 2024 se aprobó la Ley de Cáncer Cervicouterino, un avance significativo para reducir la mortalidad femenina mediante vacunación contra el VPH y programas de tamizaje gratuitos. Sin embargo, el nuevo proyecto plantea derogar esta normativa para integrar sus medidas dentro de la nueva Ley del Cáncer.

El desafío está en mejorar, no retroceder. Si una norma se sustituye, debe hacerse asegurando resultados más amplios, sólidos y con enfoque de salud integral para mujeres, niñas y adolescentes.

Una ley que llegue a todos

Pacientes y organizaciones del país enfatizan los puntos que deben ser irrenunciables:

• Financiamiento sostenido y blindado dentro del Presupuesto General del Estado.

• Acceso equitativo a medicamentos y terapias innovadoras en todas las provincias.

• Mecanismos de aprobación más ágiles para nuevos tratamientos.

• Atención integral diferenciada según la etapa de la vida.

• Redes comunitarias de apoyo con enfoque humano.

“Una Ley de Cáncer efectiva no se construye solo con hospitales y medicamentos, sino con prevención, educación, redes de apoyo y financiamiento sostenible. La Asamblea tiene hoy la oportunidad de aprobar una ley que proteja la vida y garantice un sistema más humano, equitativo y solidario”, señala Wilson Merino, fundador de la Fundación Cecilia Rivadeneira.

Que el cáncer deje de definir destinos

El país reclama una política que no dependa del azar, del bolsillo familiar ni de la ciudad donde se nazca. Una ley que ponga en el centro a las personas, que elimine las brechas de acceso y que transforme el miedo en acompañamiento y oportunidad de sobrevivir.

Porque el cáncer no espera.
Y una ley con rostro humano tampoco debería hacerlo.